La minería ilegal e informal en el Perú ha experimentado un crecimiento alarmante en los últimos años, trayendo consigo consecuencias negativas en múltiples dimensiones: empleo precario, impacto económico, deterioro ambiental, riesgo social y afectación a comunidades vulnerables.
La minería ilegal representa uno de los mayores desafíos estructurales para el desarrollo sostenible del país.
En términos de ocupación territorial, se estima que abarca aproximadamente 25 millones de hectáreas en todo el Perú, según cifras del Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia) del Ministerio del Ambiente (MINAM). Esta extensión supera considerablemente el área cubierta por concesiones mineras formales, que en el 2022 sumaban 17.6 millones de hectáreas, lo que refleja la magnitud y descontrol de esta actividad ilícita.
Operaciones sospechosas
Un aspecto preocupante es el volumen económico que mueve la minería ilegal. De acuerdo con los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), entre enero del 2015 y febrero del 2025, el monto total vinculado a operaciones sospechosas ascendió a US$ 11,410 millones. De este total:
- El 54.9% (US$ 6,258 millones) corresponde directamente a minería ilegal.
- El 13.2% (US$ 1,503 millones) a delitos tributarios.
- El 12.8% (US$ 1,457 millones) a delitos contra la istración pública.
- El 5.2% (US$ 591 millones) al narcotráfico.
- El resto a otros delitos económicos y financieros.
Estas cifras colocan a la minería ilegal por encima de otros delitos de alto impacto, como la corrupción o el tráfico de drogas, en cuanto a volumen de dinero movilizado.
Impacto económico
En el 2022 el valor total de la producción de minería no formal fue estimado en S/ 23,760 millones, equivalente al 2.5% del PBI nacional. Este cálculo incluye costos directos (como la producción aurífera y salarios) e indirectos (impacto ambiental, evasión fiscal y pérdida de productividad).
Además, el Estado dejó de recaudar S/ 1,562.8 millones en ingresos fiscales en el mismo año, de los cuales el 55.4% corresponde a regalías mineras y el 44.6% a impuestos mineros.
Este monto no recaudado equivale a más de tres veces el presupuesto ejecutado del Gobierno Regional de Madre de Dios en el 2022, o al costo de la construcción de 74 colegios emblemáticos, solo por citar dos casos que ilustren el alto impacto social de esta evasión.
Estimar el tamaño real de la minería ilegal sigue siendo un reto, pero un indicador clave es la diferencia entre la producción aurífera oficial y las exportaciones. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE):
- En el 2005, el Perú exportó 12 toneladas de oro ilegal.
- En el 2023, esa cifra ascendió a 77 toneladas, valorizadas en US$ 4,800 millones.
- En el 2024, el volumen subió a 92 toneladas, por un valor de US$ 7,415 millones.
De mantenerse esta tendencia, en el 2025 se exportarían entre 105 y 115 toneladas de oro ilegal, alcanzando un valor estimado de US$ 12,000 millones, lo que representaría un récord histórico y un crecimiento superior al 60% respecto al año anterior.
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Factores que impulsan la minería ilegal y un nuevo actor: el cobre
Desde el 2021, la debilitación institucional, la escasa fiscalización estatal y los altos precios internacionales del oro han sido factores determinantes en la expansión de la minería ilegal. La ausencia de presencia estatal efectiva en zonas críticas permite que esta actividad continúe sin mayores restricciones.
Además del oro, la minería ilegal ha comenzado a diversificarse hacia otros metales de alto valor, especialmente el cobre. Impulsada por el incremento en la cotización internacional, esta actividad se ha intensificado en regiones como Apurímac, Cusco y Puno, donde los mineros informales invaden concesiones legales y venden el mineral en bruto a plantas procesadoras locales.
Un ejemplo fue la incautación de 75 toneladas de sulfuro de cobre ilegal en la ruta Abancay-Nazca en el 2023. Este caso ilustra no solo la ampliación de minerales involucrados, sino también la mayor sofisticación técnica y logística de las redes ilegales.
